La amenaza de Trump a los responsables de la represión en Venezuela

El Departamento de Estado de EEUU pidió al gobienro de Maduro cumplir con los compromisos que asumió en el proceso de diálogo respaldado por el Vaticano El Departamento de Estado de EEUU emitió un comunicado, refiriéndose a la crisis política que enfrenta Venezuela.

En las últimas semanas, se ha producido en Venezuela una sucesión de protestas sociales, desde que el Tribunal Supremo de Justicia demostró su falta de independencia del Poder Ejecutivo a través de varios pronunciamientos contra los miembros de la Asamblea Nacional, cuyos miembros son designados mediante elecciones libres.

Los responsables de la represión ilegal de actividades democráticas pacíficas, el debilitamiento de las instituciones y las prácticas democráticas y las graves violaciones de derechos humanos deberán responder individualmente por sus actos ante la población venezolana y sus instituciones, así como ante la comunidad internacional.

El mensaje destaca que hasta el momento seis manifestantes han muerto y cientos han sido arrestados, "hay historias creíbles del uso de tortura por parte del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas)". Más manifestaciones han sido convocadas para los próximos días, en particular para el miércoles, 19 de abril. Hacemos eco de la convocatoria realizada el 17 de abril por 11 gobiernos latinoamericanos sobre el gobierno de Venezuela para tomar de inmediato estos pasos para permitir una pronta solución a la grave crisis que afecta a todos los venezolanos y cada vez más a la región.

A los manifestantes, el gobierno estadounidense los exhorta nuevamente a expresarse en forma no violenta, y deplora "el uso de la violencia contra manifestantes inermes". Repudiamos el uso de la violencia contra manifestantes que no están armados.

Estados Unidos recuerda a las fuerzas públicas de Venezuela, miembros de la Policía, el Ejército y la Guardia Nacional, así como a los integrantes del poder judicial, "sus responsabilidades legales de proteger, y no prevenir las protestas pacíficas".